Nizar Richani, presidente de la Asociación de Ejecutivos del estado Carabobo, ha instado a las autoridades nacionales a declarar la situación del suministro eléctrico en la región como una emergencia. Según el gremialista, el deterioro del servicio ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una falla estructural que requiere respuestas inmediatas, descartando que las soluciones planteadas a mediano y largo plazo sean suficientes para mitigar el impacto actual en la operatividad comercial y la calidad de vida de los ciudadanos.
Propuesta de generación móvil
Dentro de las medidas urgentes, Richani ratificó la necesidad de evaluar el arrendamiento o adquisición de barcazas generadoras de energía. El ingeniero argumentó que esta alternativa ha sido implementada exitosamente por países como Panamá, Ecuador y recientemente Costa Rica, naciones que han recurrido a este tipo de unidades para solventar sus déficits de generación. De acuerdo con las estimaciones del experto, el país requiere cubrir un déficit de aproximadamente 2.500 megavatios para lograr un equilibrio efectivo entre la demanda y la oferta eléctrica nacional.
Impacto económico y exigencia de gestión
El representante gremial señaló que el costo de los apagones se traduce en una tasa invisible que afecta directamente a los sectores productivos, quienes deben incurrir en gastos adicionales de combustible, mantenimiento de plantas eléctricas y reposición de inventarios, además de registrar pérdidas por ventas no concretadas. Ante este escenario, Richani solicitó al Ministerio de Energía Eléctrica y a la directiva de Corpoelec una mayor descentralización en la toma de decisiones. Específicamente, instó a establecer una interlocución directa en Carabobo para revisar los esquemas de administración de carga y mitigar el impacto negativo que los cortes prolongados generan en el tejido económico regional.
