El Fiscal General de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, ha ordenado la apertura de tres investigaciones penales vinculadas al colapso de la entidad financiera Ueno Bank. El proceso judicial incluye denuncias directas contra el presidente Santiago Peña y otros funcionarios de su administración, en el marco de una crisis sistémica que ha derivado en la intervención del banco por parte del Banco Central y la detención de ocho ejecutivos, incluyendo a su presidente, Juan Manuel Gustale.
Alcance de la investigación y crisis política
La Fiscalía especializada en delitos económicos y corrupción se centrará en analizar tres ejes principales: la supervisión regulatoria ejercida sobre el banco, la gestión de la quiebra y la colocación de fondos públicos en la entidad. Cabe destacar que Ueno Bank mantenía depósitos estatales por valor de 850 millones de dólares, de los cuales 380 millones pertenecen al Instituto de Previsión Social (IPS), el fondo de pensiones y salud del país. La investigación surge mientras el Congreso debate la renuncia presentada por el mandatario, quien enfrenta un juicio político por presunto conflicto de intereses.
Contexto y repercusiones institucionales
La situación ha provocado una fuerte inestabilidad en el escenario político paraguayo. Entre los puntos clave de la crisis se encuentran:
- La oposición rechaza la renuncia de Peña argumentando que esta le otorgaría inmunidad parlamentaria como senador vitalicio, evitando posibles cargos penales.
- El Partido Colorado, fuerza política del presidente, ha retirado su respaldo oficial ante la gravedad de las acusaciones sobre el manejo de fondos públicos.
- El colapso ha afectado a aproximadamente 7.000 empleos directos e indirectos, además de bloquear los ahorros de una base de clientes que, hasta septiembre pasado, representaba a dos de cada tres paraguayos.
- Reportes periodísticos han señalado presuntas irregularidades previas, incluyendo el otorgamiento de créditos de alto riesgo a empresas relacionadas con los propietarios del banco.
El presidente Santiago Peña, quien fue socio y accionista de la empresa matriz del banco hasta el año pasado, ha negado intenciones de defraudación y ha manifestado su disposición a comparecer ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa si el juicio político continúa. Por su parte, la ciudadanía ha mantenido jornadas de protesta en Asunción, exigiendo transparencia y la recuperación de los activos depositados en la entidad intervenida.
