El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este martes un proyecto de ley ante el Congreso destinado a modificar el sistema de reducción de condenas por buena conducta. La medida responde a una creciente crisis política desatada tras confirmarse que, desde marzo, el Ministerio de Justicia otorgó beneficios carcelarios a 56 individuos condenados por delitos de violación y abuso sexual contra menores de edad.
Reconocimiento de fallas y blindaje ministerial
El mandatario reconoció públicamente que el Estado incurrió en un error al facilitar estas rebajas de pena, calificando la situación como una falla institucional. A pesar de las presiones que exigen la dimisión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, Kast ha decidido mantenerlo en su cargo, argumentando que el secretario de Estado se encuentra trabajando en la corrección de los protocolos vigentes. Por su parte, Rabat sostuvo que la labor del ministerio se limitó a verificar el cumplimiento de requisitos administrativos sin evaluar la naturaleza específica de cada caso.
Reacciones políticas y movilizaciones sociales
La controversia ha generado un rechazo transversal tanto en la oposición como en el oficialismo. Los sectores opositores han anunciado la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados. Paralelamente, figuras del propio oficialismo han expresado su descontento, señalando que la continuidad de las autoridades responsables afecta la credibilidad del gobierno.
Impacto en la ciudadanía
- Manifestaciones: Decenas de personas se congregaron frente al Ministerio de Justicia en Santiago, convocadas por organizaciones feministas y sociales bajo la consigna de «no más impunidad».
- Detalle de los beneficiarios: La investigación, revelada inicialmente por el medio local Interferencia, precisó que de los 56 casos identificados, 27 corresponden a condenas por abuso sexual y 29 por violación.
- Proceso legislativo: La reforma propuesta busca restringir el acceso a estos beneficios para prevenir que futuros condenados por delitos de alta connotación social reciban reducciones de sus penas basadas en criterios de buen comportamiento.
