La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó la firma de cuatro reglamentos destinados a fortalecer el marco de protección social para mujeres, menores de edad y adultos mayores. El acto protocolar tuvo lugar en el Palacio de Miraflores y contó con la presencia de representantes del Gabinete Ejecutivo, diputadas de la Asamblea Nacional y portavoces de movimientos sociales, quienes presentaron las propuestas a través de la Mesa de Mujeres por la Paz y la Convivencia Democrática.
Detalle de las normativas aprobadas
Las disposiciones legales reglamentan la ejecución de leyes previamente promulgadas, buscando estandarizar los criterios de aplicación por parte de los funcionarios públicos:
- Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: Se establece la reglamentación técnica tras 19 años de vigencia del texto legal.
- Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes: Define los protocolos de actuación obligatorios para el resguardo de la infancia.
- Ley de Atención Integral para Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA): Incorpora mandatos para la integración de espacios de atención especializada en programas gubernamentales.
- Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores: Prioriza el acceso a servicios de salud y transporte para la tercera edad.
Nuevas medidas de asistencia social
Como parte de la implementación de estos reglamentos, el Ejecutivo Nacional anunció la creación de una red de casas de abrigo destinada al resguardo de mujeres víctimas de violencia. De manera complementaria, se ordenó el despliegue de brigadas médicas para proporcionar atención domiciliaria a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad o soledad.
De acuerdo con las autoridades legislativas participantes, como Asia Villegas e Iris de Franca, estos instrumentos funcionan como guías pedagógicas para mitigar la discrecionalidad administrativa. Por su parte, Ana María Sanjuán, coordinadora del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, subrayó que este marco normativo constituye una fase clave para garantizar la operatividad de las leyes en todo el territorio nacional.
